Por otro lado, la soberanía alimentaria, en interdependencia con la agroecología, es una apuesta política que defiende el derecho a la autodeterminación y autogestión de los actores territoriales para decidir sobre la configuración de sus sistemas alimentarios. Esto es, tener acceso a alimentos saludables y culturalmente pertinentes, producidos a partir del respeto ecológico de sus entornos. En suma, ambas apuestas representan enormes oportunidades para recuperar vínculos, volviendo siempre a lo esencial. Y eso, claramente, nos hace mucha falta. (iv) la articulación de esfuerzos orientados al bien común; y (v) la incidencia para la toma de decisiones informada y sensible a las necesidades de la mayoría. ¿Considera que la agroecología y la soberanía alimentaria pueden ser herramientas para enfrentar el abandono del Estado en los territorios? Si es así, ¿de qué manera? Por supuesto que lo son. Es más, tanto la agroecología como la soberanía alimentaria, constituyen no solamente herramientas, sino apuestas estratégicas de política con enorme capacidad para generar o renovar vínculos en el territorio, a la luz de su potencial de adaptación al cambio climático. Hoy, según el SICPO, hay más de 550 mil hectáreas de producción orgánica o ecológica en el Perú. La agroecología nos permite reconectarnos con la biodiversidad, el suelo y los sistemas alimentarios, a través de la revaloración de nuestra identidad, la convicción por promover una mística de trabajo colaborativo, el sueño de una vinculación cada vez más respetuosa con la naturaleza y el reconocimiento de las dinámicas del territorio. En la práctica, la agroecología supone la puesta en valor de saberes y prácticas locales resilientes. En tu paso por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, ¿cuáles fueron las principales barreras que enfrentaste para impulsar políticas que beneficiaran a las comunidades más vulnerables? ¿Qué ejemplos de iniciativas exitosas de gobernanza participativa podrían servir de referencia en este contexto de crisis? Nosotros asumimos la responsabilidad de gestionar el MIDIS en medio de un contexto de crisis política, agravado por la pandemia que acentuó, entre otros, los problemas económicos y alimentarios. La única certeza que tuvimos era que sólo tendríamos ocho meses para tomar decisiones. Optamos, como mencioné hace un momento, por combinar el sentido de urgencia con el sentido de oportunidad. Uno de los temas más álgidos que enfrentamos fue garantizar la atención a las Ollas comunes, en tanto iniciativas solidarias lideradas desde la sociedad civil y 27
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