que reemergieron con fuerza en el marco de la pandemia para paliar el hambre. Iniciamos el año 2021 con una asignación presupuestal de 0 soles para apoyarlas. Tuvimos que realizar múltiples gestiones para conseguir los recursos necesarios, gracias al trabajo articulado con el Ministerio de Economía y Finanzas. En la práctica, a pesar de los enormes retos que enfrentamos, logramos diseñar una estrategia de gobernanza territorializada para la atención alimentaria de emergencia. Esta involucró la coordinación activa con sectores como Ambiente, Desarrollo Agrario y Riego, Producción y la Presidencia del Consejo de Ministros, además del sector privado, la Red de Ollas Comunes de Lima Metropolitana, y la iglesia. Como resultado de este esfuerzo, articulamos una respuesta efectiva y participativa que involucró: (i) la georreferenciación de las Ollas comunes para identificarlas y atenderlas de manera oportuna; (ii) la provisión de alimentos a través de la colaboración con gobiernos locales, con énfasis en garantizar las condiciones para su distribución y asignación equitativa; (iii) la conformación de comités de transparencia y acompañamiento encargados del seguimiento de la entrega; y (iv) la generación de espacios para el fortalecimiento de capacidades complementarias, gracias a entidades como el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, el SIS, el Programa Aurora del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y la RENIEC. Sin duda, pudimos haber hecho mucho más; sin embargo, dadas las enormes restricciones bajo las que tuvimos que trabajar, dejamos en marcha un modelo de colaboración con enorme potencial de réplica. En un momento en el que el Congreso aprueba modificaciones de la Ley APCI, donde muchas organizaciones y especialistas señalan que restringen el trabajo de las ONG, ¿cómo interpretas esta acción sobre la sociedad civil organizada? ¿Qué riesgos crees que implican? La modificatoria de la Ley de Creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) es una expresión antidemocrática más en el marco del contexto multicrisis que vivimos. El respeto por la institucionalidad y los derechos está de incógnito. La puesta en marcha de este nuevo marco normativo vulnera y restringe los derechos de asociación, libertad de expresión y acceso a la justicia, que durante años han sido condiciones indispensables para el trabajo de las ONG. Esta norma evidencia, una vez más, que el gobierno no dispone de una respuesta y que el control desmedido de las voces que cuestionan y enarbolan una perspectiva crítica respecto a lo que está pasando no son bienvenidas. Frente a un contexto como ese, corresponde consolidar los espacios de diálogo y reflexión, así como las rutas de trabajo colaborativo. Digamos que, ante la adversidad, tenemos hoy la opor28
RkJQdWJsaXNoZXIy OTgwNDU=