Desigualdad de oportunidades e ingresos: La inequidad en el país impide que amplios sectores de la población, especialmente los más vulnerables, accedan a alimentos saludables. Paradójicamente, los agricultores familiares y pescadores artesanales que producen la mayoría de nuestros alimentos son los más pobres, con altos índices de desnutrición infantil y anemia. El sistema alimentario vigente: Este sistema está orientado principalmente a la conversión de alimentos en mercancías para generar ganancias, en lugar de garantizar el derecho a una alimentación adecuada. Esta lógica tiene efectos negativos para la seguridad alimentaria y nutricional, tales como: i) Promoción del monocultivo, lo que reduce la biodiversidad. ii) Depredación de recursos naturales y dependencia de una alta emisión de gases de efecto invernadero. iii) Invasión de productos alimenticios no saludables en los mercados, incluyendo alimentos ultraprocesados que contribuyen al sobrepeso, la obesidad y enfermedades degenerativas, así como el uso de químicos nocivos en fertilizantes y pesticidas, que contaminan cada vez más los productos frescos. Débil capacidad estatal: La capacidad del Estado para asegurar la seguridad alimentaria y nutricional como un bien común es insuficiente. Por un lado, las políticas públicas han favorecido a los productores de alimentos para exportación (mediante exoneración de impuestos, proyectos de irrigación y flexibilización laboral), descuidando a los productores que abastecen el mercado interno. De los más de 2 millones de agricultores familiares, solo un 10% recibe asistencia técnica o apoyo crediticio. Algo similar ocurre con la pesca marítima, donde se prioriza la captura de anchoveta para exportación. Además, la debilidad institucional del Estado, en términos de recursos y capacidades para planificación, prevención, ejecución y fiscalización de políticas, agrava aún más esta problemática. A estos factores estructurales se suma una confluencia crítica de factores coyunturales que han exacerbado la crisis alimentaria y nutricional. La pandemia y la crisis económica mundial han incrementado la pobreza y los precios de los alimentos, mientras que la crisis climática (sequías, inundaciones) ha causado graves daños a la producción y distribución de alimentos. Factores geopolíticos como la guerra entre Rusia y Ucrania, principales productores de granos y fertilizantes, y la crisis política interna en Perú, que prioriza intereses particulares sobre el bien público, han debilitado aún más la capacidad de respuesta de las instituciones públicas en el país. Las cifras sobre inseguridad alimentaria han generado reacciones controversiales en el gobierno. El ministro de agricultura ha señalado que “en el Perú no se pasa hambre” y “comemos contundente” ¿A qué atribuye esta reacción? Además de ser una respuesta defensiva frente a cifras alarmantes, creo que esta reacción refleja una confusión conceptual entre lo que realmente significa el hambre y el consumo de dietas que generan sobrepeso y obesidad. El hambre se define como la "carencia de energía, expresada en calorías, por falta de alimentos", 21321322
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