“ahorrar” en el uso del agua y transferirla —es decir, venderla, cederla, permutarla o disponer de ella mediante cualquier otra modalidad—, lo cual implica dejar de lado a la autoridad competente y facultar a los usuarios a negociar libremente con su dotación de agua. Incluir esto en una ley contradice años de lucha de las organizaciones sociales, precisamente porque abre la puerta a la concentración de derechos sobre el agua, como ya viene ocurriendo en algunos valles de la costa. ¿Qué papel juega la Autoridad Nacional del Agua en este nuevo escenario? Pese a las múltiples idas y vueltas que ha tenido esta ley —con tres o cuatro dictámenes previos—, no creo que se haya consultado específicamente a la Autoridad Nacional del Agua (ANA) sobre este aspecto en particular. En caso se ponga en práctica lo aprobado, dudo mucho que las Administraciones Locales de Agua (ALA), y mucho menos las Autoridades Administrativas del Agua (AAA), tengan la capacidad para supervisar los arreglos que esta norma permitiría en torno al uso y transferencia del agua. ¿Qué llamado haría a los ciudadanos, autoridades y organizaciones de productores y sociales frente a esta situación? Este Congreso ha dado múltiples muestras de legislar en contra de los intereses de la población. En este caso, se afirma que el país necesita una “nueva ley agraria”, pero para ocultar a los verdaderos beneficiarios se le ha dado un nombre pomposo: “Ley que promueve la transformación productiva, competitiva y sostenible del sector agrario con protección social hacia la agricultura moderna”. Debe reconocerse, por supuesto, el aporte de la agroexportación al país: ha generado importantes flujos de divisas y también puestos de trabajo. Sin embargo, si observamos que los principales beneficios se concentran en una fracción muy reducida de empresas, mientras la gran mayoría de agricultores sigue exigiendo a las autoridades servicios básicos para producir en mejores condiciones, entonces es necesario replantear el rumbo y pensar en otro tipo de políticas. No olvidemos que, durante la pandemia, fueron los agricultores y agricultoras familiares quienes garantizaron el abastecimiento de alimentos en nuestras mesas. El orgullo que sentimos por nuestra gastronomía se basa en gran parte en su trabajo, en la conservación de nuestra agrobiodiversidad y en el cuidado del ambiente que ellos realizan día a día. Esperamos que los congresistas recapaciten y no aprueben esta ley en segunda votación. 23
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