La aprobación en primera votación de la denominada “Ley Chlimper 2.0” por parte del Congreso ha encendido las alarmas entre especialistas, organizaciones campesinas, ambientalistas y defensores de los derechos laborales. Presentada como una iniciativa que promueve la transformación productiva y sostenible del agro, esta norma ha sido cuestionada por su real alcance: un nuevo marco legal que perpetúa los privilegios fiscales de un reducido grupo de grandes agroexportadoras, mientras deja fuera —una vez más— a la mayoría del agro peruano, representado por más de dos millones de unidades de agricultura familiar. En esta entrevista, Laureano del Castillo, abogado y director ejecutivo del Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES), ofrece una lectura crítica y rigurosa de la ley. Basándose en información oficial, especialmente en el informe del Ministerio de Economía y Finanzas, Del Castillo analiza el fuerte impacto fiscal de la norma, los vacíos en la fiscalización laboral, el riesgo de legalizar el tráfico de agua y la forma en que esta legislación profundiza la desigualdad estructural en el campo. Además, hace un llamado directo a la ciudadanía y a las organizaciones sociales a mantenerse vigilantes frente a un Congreso que, como señala, ha legislado repetidamente en contra de los intereses de las mayorías rurales. La Ley Chlimper 2.0 aprobada por el Congreso, ha generado una fuerte reacción en diversos sectores. ¿Qué representa esta ley para el agro peruano? Pudiendo haber representado un esfuerzo por impulsar la economía de la inmensa mayoría de agricultores familiares, esta ley —aprobada en primera votación— más bien profundiza las desigualdades en el trato del Estado hacia la agricultura. En ese sentido, es el resultado del éxito alcanzado por los grandes empresarios para reponer y extender, por varios años más, un tratamiento preferencial, especialmente en materia tributaria, al gozar de importantes subsidios fiscales —aunque no son los únicos beneficios que reciben. Para los agricultores y agricultoras familiares, en cambio, solo quedan promesas imprecisas y ofrecimientos sin responsables claros ni presupuestos asigLAUREANO DEL CASTILLO: “ESTA LEY [CHLIMPER 2.0] SIGNIFICA CASI DOS MIL MILLONES DE SOLES MENOS AL AÑO PARA EL ESTADO” El abogado Laureano del Castillo, director de CEPES, cuestiona los beneficios tributarios de la nueva ley agraria y alerta que su aprobación limitaría gravemente la inversión pública en salud, educación e infraestructura básica. ENTREVISTA 20
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